La Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. es una de las firmas constructoras con mayor presencia y éxito en Viña del Mar y Concón. Dueña de innovadores proyectos, a mediados de los ’90, cuando la ahora “Capital Gastronómica” aún era un enorme sector de la Ciudad Jardín, y por tanto dependía administrativamente de las decisiones tomadas en el consistorio de calle Arlegui, la empresa posó sus ojos en el poco explotado Campo Dunar de Concón.
Por ese entonces lograron obtener un permiso de obras para erigir la primera de tres torres en un vasto terreno de dos hectáreas, ubicado en lo que ahora es la calle Las Pimpinelas. Se trata del edificio “Sol del Este”, un exclusivo condominio de de 141 departamentos y 564 habitantes que dio pronto pie para que otras inmobiliarias también se fijaran en este sector natural y de buena conectividad en la salida este de Reñaca.
Del 9 de julio de 1996 data el permiso –rotulado con el nº 202- que la Dirección de Obras de Viña del Mar entregó a Costa de Montemar S.A. para que levantara su proyecto. Pero luego de crear el citado primer edificio, la firma paralizó la construcción de los siguientes. En el entretanto Concón se convirtió en comuna, estableciendo un nuevo Plan Regulador Comunal, que básicamente mantenía los lineamientos que para ese sector regían bajo la anterior tutela del municipio viñamarino: es decir, la zona donde Costa de Montemar quería completar su proyecto era H-5 -no así otras zonas cercanas-, lo que permitía una altura máxima de cuatro pisos, varios menos de los que tenía “Sol del Este”.
En el año 2006 la inmobiliaria volvió a la carga, pidiendo al alcalde Óscar Sumonte realizar una enmienda al Plan Regulador con la idea de modificar la restricción de altura de cuatro pisos que había en la zona donde querían completar su proyecto, en la rotonda Las Pimpinelas, buscando cambiar la zonificación a H-7 (libre altura). Erróneamente, el jefe comunal firma un protocolo con representantes de la firma, anticipándoles que reuniría las condiciones para lograr una excepción legal que asegurara su inversión en la comuna.
Sin embargo, la fuerte oposición ciudadana cambió radicalmente el escenario. A través de las juntas vecinales, de la agrupación “Defendamos Concón” y del Comité Ciudadano “No a la Enmienda” presionaron al municipio a tal punto que, finalmente, el alcalde echó pie atrás con el protocolo firmado y, luego, el Concejo Municipal en pleno rechazó la pretensión inmobiliaria, a fines de mayo de ese año.
Por si fuera poco, el 13 de julio de ese año, la Contraloría Regional también intervino en el caso, revisando el proceso conducente a la votación de la enmienda e incluso refiriéndose al permiso de obras de 1996, declarando todo como ilegal. “Pretender modificar un instrumento de planificación vía enmienda significa exceder la regulación establecida sobre la materia (…) Éstas deben concretarse en regulaciones de carácter general sin que resulte admisible que en ellas se atiendan situaciones jurídicas particulares que afecten un determinado inmueble”, señala el dictamen.
Lo valorable de este pronunciamiento contralor es que también recordó que el permiso de obras de 1996 ya estaba caducado por el solo imperio de la ley al no haber nuevas obras en tres años. Además, éste fue otro triunfo vecinal, ya que el órgano contralor se constituyó en este caso atendiendo una denuncia interpuesta por los mismos grupos ciudadanos, liderados por conconinos como Patricio Herman y Ana María Viveros, quienes con el correr de los meses acercaron posiciones con el municipio.
En paralelo, los mismos ciudadanos elevaron una carta dirigida a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, en la cual solicitaron una sanción para el revisor independiente, Humberto Lagos, por emitir un informe favorable a la edificación de las torres que la empresa constructora pretendía llevar a cabo. Desde la repartición informaron que una vez que la justicia se pronunciara, ellos harían lo propio.
Luego de tres años sin mayores novedades en el caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió su fallo, dando la razón al municipio en lo referente a que su decisión de no realizar la enmienda cabía dentro de sus capacidades legales, dilatando de ese modo la pretensión de Costa de Montemar de completar su anunciado proyecto de tres torres.
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