Los operadores políticos saben que el piso de gasto que fija la Ley Electoral funciona casi como piso debido a una fiscalización blanda y a que hay triquiñuelas conocidas de memoria en los partidos. También porque no hay castigos duros contra los que publicitan antes de los tres meses autorizados para campaña, que es el tiempo al que los candidatos pueden optar para que se les devuelva la plata invertida.
El primer problema es que la revisión de las cuentas se hace en función exclusiva de la declaración que hace el administrador de la campaña, no investigando de manera independiente el gasto efectivo del candidato. Se realiza así por la carencia de fiscalizadores que existe en el Estado.
Sin embargo, la estrategia más utilizada en las campañas es la de las asociaciones, que consiste en ligar campañas a diputados, senatoriales y presidenciales, y que se expresan en los afiches o frases radiales en que aparecen dos o tres de ellos. En estos casos los gastos son acreditados en la cuenta del candidato que tenga el menor gasto a exhibir, con lo que los postulantes “socios” se reparten la carga y evitan que sus cuentas se vean muy abultadas al momento de la declaración, quedando dentro de los márgenes aceptables por la autoridad revisora.
El sistema funciona de esa forma desde hace mucho tiempo y así lo profundizó en el 2008 un reportaje publicado por El Observador de Viña del Mar que indagó en las finanzas de la última campaña municipal (LINK), y que incluso fue erigido como el segundo mejor de en la categoría regional en el Premio BancoEstado a la Calidad Periodística en Economía, Finanzas y Empresas el 2009.
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