Ante un crimen horroroso, además de lamentar lo sucedido, resulta urgente tomar medidas para prevenir situaciones similares y esperar que se haga justicia y que el autor o autores de los delitos sean sancionados como corresponde. Sin embargo, por más que las emociones puedan nublar los
pensamientos, sería una crueldad, una injusticia y un error estratégico utilizar el dolor de las víctimas para impulsar políticas criminales inútiles con la única finalidad de generar una sensación de seguridad.
Esta comprensión simplista del fenómeno criminal y punitivo, basado en una lógica de juegos de suma cero, nos hace pensar que solo hay dos opciones: o se está de parte de las víctimas, o se está de parte de los delincuentes. Obviamente, la clase política, siempre sedienta de apoyo popular, optará por mostrarse como defensora de los inocentes, promulgando nuevas leyes en la ruta progresiva del autoritarismo penal. No obstante, nada puede resultar más equivocado que seguir
este camino, si lo que en verdad queremos es disminuir los índices de violencia y delincuencia futura. Así lo ha señalado de forma permanente la sociología, la criminología y la política criminal.
Desde la década del ‘40 del siglo pasado se han venido haciendo distintos trabajos de campo en las cárceles y los resultados, aunque con diversas especificidades, coinciden en los efectos criminógenos que produce la prisión. De manera prácticamente unánime la conclusión de dichos
estudios es que la cárcel empeora a sus internos e internas. Al mismo tiempo, numerosos estudios han demostrado que mientras más largas son las penas privativas de libertad, mayores son lo niveles de reincidencia. Por lo mismo, esperando bajar los índices de delito, se ha optado en casi todo el mundo occidental por buscar mecanismos que permitan una liberación anticipada de las personas encarceladas. Estos sistemas alternativos a la cárcel, mediante el cual una persona condenada puede cumplir parte de la condena fuera de la prisión, supervisados y bajo condiciones adicionales, han demostrado tener índices de reincidencia más bajos en comparación con quienes cumplen una pena completa.
Lo señalado anteriormente, respaldado con cifras y estudios científicos, es lo que justifica una institución como la libertad condicional. Si bien no existe sistema alguno que pueda eliminar la delincuencia, y que casos puntuales tan horrorosos como el crimen contra Ámbar pueden hacernos pensar que la culpa la tiene una liberación anticipada de un condenado o condenada, lo más probable es que, sin libertad condicional, los índices de homicidios, violaciones y de otros delitos violentos, serían aún mayores
El autor es doctor en derecho, académico de la Universidad Central de Chile y ha escrito varios libros, entre ellos, La cárcel moderna, una crítica necesaria (2017) y Cárceles y Pobreza. Distorsiones del populismo penal (2018).
La imagen es de Kim Daram.
Querido Silvio: creo que los abogades tenemos que dejar un poco de mirarnos el ombligo y creer que tenemos en estás materias la última palabra. Es cierto que las cárceles no son espacio para la rehabilitación. Pero Bustamante y otros son personas que tienen una estructura de personalidad que es prácticamente inmodificable. Creo que hay que escuchar a los expertos, a psiquiatras, psicólogos, y sociólogos, a quienes realmente han estudiado la complejidad del ser humano. El Derecho, aún cuando fuera una ciencia, no alcanza. Hemos sido pretensiosos, narcisistas y egoístas, porque no hemos abierto la puerta a que este tipo de decisiones sean tomadas por quienes practican dichos saberes. Por eso que la gente culpa a los jueces. Hay que admitir que hay una cultura gremial ( abogades en general) que raya en la omnipotencia.
Te mando un abrazo
Pamela que más objetivo puede ser mi comentario cuando ambos tenemos una historia laboral de desencuentros…tu comentario no solo técnicamente es correcto sino muy valiente, desde fuera del derecho lo que se percibe es una defensa corporativa más que empatizar con la gente..