El 24 de octubre de 1970, el presidente del Senado, Tomás Pablo, proclamaba que el congreso pleno ratificaba al ciudadano Salvador Allende como presidente de Chile. Ello era posible dada la firma previa del Estatuto de Garantías Constitucionales acordado entre la Democracia Cristiana y el presidente electo. En ese documento se señalaban una serie de derechos que el gobierno de la Unidad Popular se comprometía a respetar, tales como, el de las minorías políticas a tener acceso proporcional a los medios de comunicación, a la asociación sindical, a la libertad de enseñanza, al trabajo, estatuto que podría tener su versión 2.0 en 2013, en su debido contexto y forma.
Un estatuto de garantías firmado por la Alianza y la Concertación, podría ser el espacio jurídico que sostendría un momento político de gran tensión social, justamente cuando es sabido que los equipos técnicos de la oposición preparan borradores conducentes a una nueva Constitución, no a una reforma de la actual carta magna, sino que a una nueva manera de canalizar los tiempos actuales. El momento del cambio es ahora o nunca, hay que parar un escarceo de revolución, sería la consigna. Un estatuto que garantice que el mandatario que asuma se comprometa a concretar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la jubilación, y también a la cultura, donde no se dejará al arbitrio del mercado esos bienes fundamentales, sino que por acuerdo transversal se les garantice a la población. La gran diferencia con el de 1970, es que este garantizaría derechos económicos, no solo políticos.
Chile no está preparado para una Asamblea Constituyente, ni la situación macroeconómica ni nuestras características socio históricas lo admitirían. Pero de no evidenciarse caminos de solución, las próximas elecciones presidenciales tendrán un exiguo quorum comparativo, se evidenciará un desafecto político y el que resulte elegido representará a una minoría, reduciéndose su legitimidad y liderazgo, incluida la candidata de la oposición atendida la credibilidad del programa de gobierno que presentare, las dudas y sospechas de una segunda parte de lo mismo, “el equipo que la acompañe”, y sobre todo de las expectativas acumuladas por varios años, imposibles de cumplir por cualquier ser humano.
La expectante situación chilena, la crisis de crecimiento que la nación padece, ya la expresamos en una entrevista que se me hiciera en 2007, Chile no se merece un reventón social. Garanticemos sin egoísmos los derechos de todos, promovamos el pluralismo medial y digital, promovamos la asociatividad, concretemos un sistema educativo y de salud justos, aseguremos un sistema tributario transparente y real, esos son nuestros deberes, y el de los gobernantes ampararlos legalmente.
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