Valparaíso que es la capital cultural de Chile y Patrimonio de la Humanidad, con edificios y calles que albergan la historia viva de compatriotas y extranjeros, declina inexorablemente ante el inmovilismo de quienes tienen la facultad y obligación de responder. En forma sistemática, y sólo con la atención de vecinos, los ascensores fueron desapareciendo de la habitual rutina de los porteños con la complicidad del efecto de la sal y el agua marina, pero por sobre todo la desidia. Nada de lo que podría hacer posible su viabilidad ha sido considerado. Como ejemplo, la intervención del Estado mediante el reconocimiento de éstos como una verdadero medio de transporte.
Lo paradójico es que mientras se gastan miles de millones de dólares en el Transantiago y se compensa a medios de transporte locales en regiones, los ascensores que a toda evidencia son un transporte público y parte de la fórmula de la ciudad patrimonial, van quedando detenidos en los cerros de Valparaíso. El Presidente Piñera prometió una solución que fue anunciada en tiempos de campaña y que nuevamente fue repetida hace algunos días. Su compromiso fue “no van a morir”. Pero a estas alturas del partido, hemos comenzado a mirar la letra chica de sus anuncios debido a tanta equivocación en sus improvisados discursos. Conclusión: al parecer sólo fue una promesa más de campaña o fruto de la excitación del momento del Presidente, tan común en su conducta.
Los más optimistas se preguntan de donde sacarán los más de $ 1.500 millones que son necesarios para comprar los ascensores. Los pesimistas plantean de donde sacarán los recursos para su mantención y operación. Mientras el alcalde Castro, militante de la UDI, hace gestiones para obtener recursos para la alicaída economía municipal, sus amigos de la Alianza por Chile que están en el Gobierno Regional y Nacional, son ciegos, sordos y mudos. La porfía de los hechos ha llevado a que un movimiento ciudadano releve no solo la discusión temática de los ascensores, sino también la falta de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, y la precariedad estructural del financiamiento del Municipio porteño.
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