Cuando el Presidente Piñera debió decidir cuál de los impuestos específicos serían aumentados para financiar el Plan de Reconstrucción, optó por excluir al alcohol del aumento de gravamen, argumentando que la industria vitivinícola es una importante fuente de generación de empleo y de actividad económica, motivo por el cual resultaba inconveniente aumentar la tasa de tributación a las bebidas alcohólicas. El argumento es el mismo -pero sin terremoto de por medio- que fue esgrimido por los parlamentarios de derecha para oponerse a la rotulación sanitaria de las botellas de fermentados y destilados producidos nacionalmente. En este último caso, los legisladores de la Alianza estimaron que imprimir, en las etiquetas de los licores, la frase: “el consumo abusivo de alcohol produce problemas a la salud”, provocaría un serio daño a los productores de alcohol y consecuentemente a la capacidad del sector para generar empleo.
Con catástrofe o sin ella, es evidente que el alcohol se encuentra blindado tributariamente. No obstante, es de esperar que en el ámbito de la prevención, el alcohol no vuelva a salvarse jabonado, como lo ha hecho en los casos referidos. Aunque para ser francos, con los defensores irrestrictos de los viñateros y de los productores de bebidas alcohólicas, nunca se puede saber dónde serán puestas las prioridades. Lo que sí está claro, es que nuestro país debe reducir drásticamente el consumo per cápita de alcohol, lo que necesariamente implicará disminuir el volumen de producción y venta en el mercado interno.
No se debe olvidar que, de acuerdo a la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es una droga. De uso legal y aceptada socialmente, pero una droga. Motivo por el cual, su consumo debe ser acompañado de políticas activas y permanentes que promuevan su uso moderado en mayores de edad y que prevengan el consumo en niños y adolescentes. En este sentido, de ser efectivo que, con la Alianza en el Gobierno, cambió la mano en relación a la venta y al consumo de drogas, debiéramos estar ad portas de un cambio radical en la manera, hasta ahora básicamente economicista, en la que la derecha ha enfrentado discusiones de baja complejidad, pero de alto impacto social y sanitario, como la rotulación de los envases de las bebidas alcohólicas.
Si además se considera que el consumo precoz de alcohol aumenta, de manera significativa, el riesgo de consumo de drogas ilícitas, las políticas de prevención debieran intensificarse y abarcar, con las distinciones de legalidad y de aceptación social que le son características, a las bebidas alcohólicas junto con las drogas ilegales.
De esta manera, el Gobierno debe reconocer que el problema social y sanitario provocado por el consumo de drogas no se resuelve sólo con la declaración de guerra al narcotráfico. La complejidad del fenómeno exige una mirada multicausal, que releve la promoción de estilos de vida saludables y la prevención del consumo precoz y abusivo de alcohol, más que el efectismo mediático de la exhibición de los decomisos de drogas.
Durante los últimos cuatro años, las políticas de prevención lograron contener y estabilizar el consumo de drogas ilícitas, con la excepción de la tendencia alcista del clorhidrato de cocaína. Lo anterior constituye un punto de partido favorable para poder avanzar en la reducción del consumo de drogas ilícitas si se mantiene la opción por la prevención y se desbloquean las protecciones económicas y políticas a las bebidas alcohólicas.
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