En octubre del año pasado, el diputado Rodrigo González (PPD) presentó una solicitud al Consejo Nacional de Transparencia, pidiendo que el municipio y la Corporación Municipal de Viña del Mar publicaran datos sobre contratos de personal, patrimonio y adquisición de bienes y servicios, a través de sus sitios web, aduciendo incumplimiento de lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, que obliga a los organismos públicos a tener a disposición de la comunidad datos sobre su organización administrativa y ejecución presupuestaria.
Tal reclamo fue parcialmente aceptado por el organismo, cuyos miembros corroboraron que el municipio periódicamente publica información sobre su personal, proveedores y funciones, aunque también le dieron razón a González, en el sentido de que reconocieron que era la Corporación Municipal la que no lo hacía, recordando que aunque era un organismo de derecho privado, debido a su desempeño público cabía dentro de la obligatoriedad de proveer de información.
Por ello el CNT obligó al municipio a hacer pública la información sobre la Corporación, concretamente a través de su sitio web (que en realidad no otorga demasiados datos de su funcionamiento) a lo que la casa consistorial viñamarina apeló, introduciendo un “reclamo de ilegalidad” ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El tribunal de alzada se pronunció, finalmente, este martes, emitiendo una resolución con carácter inapelable, por lo que el municipio tendrá un plazo de 20 días para publicar en su web institucional la información requerida, y de ahí en adelante proporcionar datos cada vez que algún miembro de la comunidad lo solicite, siempre y cuando las funciones que desempeñe la Corporación tengan efecto público.
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