Los vecinos se apuraron en dar su opinión sobre el fallo de la Corte de Apelaciones. A través de una carta firmada por el “Comité de vecinos No a la Enmienda de Concón”, señalaron que la “poderosa económicamente y con muy buenas relaciones con diversas autoridades” Inmobiliaria Costa de Montemar S.A. “subestimó al departamento jurídico y dirección de Obras de la municipalidad de Concón, y a los funcionarios de la Corte que actuaron en derecho”.
Considerando que los tribunales lograron detener “el ambicioso comportamiento inmobiliario”, los ciudadanos agrupados recordaron que la pretensión de la firma no tenía asidero al dejar abandonada una obra por siete años y luego intentar, como si nada, reactivarla. “La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso puso las cosas en su lugar e hizo justicia fallando rotundamente contra la Inmobiliaria y a favor de nuestra Municipalidad”, agregan.
Consultada la empresa al respecto, su propio gerente general y representante, Hernán Ovalle, comentó que este reciente fallo judicial es parte del proceso y que por ahora la empresa está estudiando y programando los pasos a seguir hacia delante. “Esto no está cerrado, aún quedan varias otras gestiones por realizar, que revisaremos oportunamente”, agregó el ejecutivo.
Pese a que fuentes ligadas al tema estiman en unos 6 mil millones las eventuales pérdidas para la inmobiliaria de no prosperar su afán de continuar el proyecto, Ovalle recordó que esto no es un juicio de costos o indemnizaciones. “La base de nuestra acción es tratar de que se permita seguir adelante con el proyecto que tiene un permiso de edificación, y claro, si la municipalidad no lo permite cuantificaremos los daños asociados que hay en esto”, señaló.
TP intentó infructuosamente comunicarse con el alcalde Jorge Valdovinos para obtener su visión en esta historia, aunque no fue posible. De todos modos, sí pudimos comunicarnos con el ex jefe comunal, Óscar Sumonte, quien fuera protagonista central de la problemática, pues bajo su administración se zanjó la negativa a la enmienda y la empresa inició sus acciones legales.
“Este fallo, en el fondo, demuestra que lo que se había hecho no fue una ilegalidad, y en definitiva reafirma el propósito que tuvimos como administración, que era velar por lo que significa la opinión de los vecinos que en ese momento manifestaron su oposición a seguir construyendo en el Campo Dunar. Pese a que la presión de las inmobiliarias era marcada, asumimos una forma de presentar esa opinión con el decreto, luego impugnado por las empresas”, estimó Sumonte.
La ex autoridad señaló estar tranquilo y respaldado de haber siempre obrado bajo la normativa, aunque recordó que también la Contraloría respaldó la opinión del municipio. También dijo que esperaba que luego de un “proceso tan largo y traumático por cambiar el seccional del borde costero y resguardar la vista” –traducido en el aumento de 9,5 a 19, 5 hectáreas protegidas del Campo Dunar en su periodo alcaldicio-, las futuras administraciones sigan una senda similar.
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